Corte Penal Internacional y Colombia
Compromiso de respaldo del Gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
La Corte Penal Internacional, CPI, cerró la investigación preliminar que tenía sobre Colombia desde el año 2004 por delitos de lesa humanidad.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó un acuerdo de cooperación con el fiscal de la CPI, Karim Khan, que incluye varios compromisos que Colombia deberá seguir ejecutando en materia judicial.
El acuerdo firmado estipula que el presidente Duque se comprometió a seguir apoyando a la JEP y garantizar que reciba el espacio que se necesita para realizar su trabajo, apoyar el proceso del acuerdo de paz y asegurar que las entidades no tengan interferencias al realizar su trabajo.
“El Gobierno se ha comprometido a presentar un informe anual en mi oficina sobre el trabajo que se está realizando y el esfuerzo que se necesita para que se alcance la paz, la justicia y la rendición de cuentas en Colombia, me encantó recibir una invitación para regresar el año entrante”, aseguró Khan.
“El Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de justicia y paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento de los marcos procesales temporales previstos para las mismas. En particular, el Gobierno continuará: salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; asignando el presupuesto necesario para su implementación; y previniendo cualquier interferencia con sus funciones”, asegura el acuerdo firmado con la CPI.
La Fiscalía de la Corte Internacional también apoyará los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas, ambas partes también se beneficiarán de la experiencia que generen los sistemas de justicia transicional y de la CPI, además de realizar programas y proyectos que involucren a profesionales jurídicos de Colombia
“La Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa”, expresa el acuerdo.
La firma del Acuerdo, el primero en su género concertado entre la Fiscalía y un Estado Parte, abre nuevos caminos al concertar una serie de compromisos mutuos dirigidos a velar por que los procesos internos de justicia transicional en Colombia sigan bien encaminados.
Por parte del Gobierno de Colombia, estos compromisos consisten en: 1) salvaguardar el marco constitucional y legislativo establecido; 2) mantener y respaldar las estructuras existentes encargadas de garantizar la rendición de cuentas; 3) seguir financiando adecuadamente estas estructuras y salvaguardando sus presupuestos; 4) proteger su independencia e impedir injerencias en sus funciones; 5) garantizar la seguridad del personal judicial y fiscal, así como la de los participantes que comparezcan ante los distintos mecanismos de rendición de cuentas; y 6) promover la cooperación y la coordinación plenas entre las distintas entidades estatales participantes, en particular entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. El Gobierno de Colombia también se ha comprometido a informar al Fiscal de la marcha de las investigaciones y los enjuiciamientos de ámbito interno. Colombia ha prometido también facilitar acceso a los registros y la documentación pertinentes de conformidad con el Estatuto de Roma y el derecho colombiano.
Por su parte, la Fiscalía se compromete a respaldar los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas en el marco del diálogo y la interacción constantes con el Gobierno de Colombia y las instituciones estatales, visitas anuales al país y el intercambio de enseñanzas extraídas y mejores prácticas con los mecanismos nacionales de justicia.
Crucialmente, en vista de que la CPI es una institución permanente, en el Acuerdo se recuerda que el Fiscal podrá reconsiderar la determinación de complementariedad en función de cualquier cambio de circunstancias significativo. El Acuerdo es vinculante y de duración indefinida.
La firma del Acuerdo y el consiguiente cierre del examen preliminar supone un nuevo comienzo, así como un cambio de paradigma al margen del examen preliminar, que permitirá a Colombia y a la Fiscalía aprovechar una relación sostenible y prolongada en el marco del Acuerdo».
