Juicios, Alfredo Vanegas Montoya
Audiencia Pública
En sesión, en el viejo Palacio Nacional de Medellín, carrera 52, Carabobo entre calles 48, Pichincha y 49, Ayacucho, con intervención de Jurados de Conciencia* para juzgar a un procesado por homicidio, el fiscal señaló al occiso por la comisión del delito. A continuación, como voceros del verdadero sindicado, acreditamos su inocencia, nos solidarizamos con el despistado fiscal y sustentamos la actividad ilícita del fallecido que en abrupto descampado, acompañado de cómplices, pretendió eliminar al esposo de su hermana. En la oscura trocha y en confusa gresca perdió la vida el injusto provocador y propietario del arma homicida.
Los Jueces de Conciencia atendieron la petición del Vocero Alfredo Vanegas Montoya y, por unanimidad, absolvieron al sindicado.
Es una reseña histórica de proceso durante la vigencia del antiguo Código de Procedimiento Penal modificado en este aspecto en 1991. Los Jurados de Conciencia fueron Operadores Judiciales que representaban a la comunidad.
El tema lo analizamos a profundidad con los destacados tratadistas y catedráticos Samuel Barrientos Restrepo, Helí Mejía Gómez, Haydee Eastman de López de Mesa, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Federico Estrada Vélez, Hernando Londoño Jiménez, y Gustavo Gómez Velásquez.
* “El primer código que reguló el procedimiento penal en un estatuto independiente del procedimiento civil, la ley 94 de 1938, reglamentó el juicio por jurado (arts. 480 y ss). La reglamentación pasó al código de procedimiento penal de 1971 (decreto 409), al de 1987 (decreto 050) y al de 1991 (decreto 2700), pero la contenida en este último código no alcanzó a aplicarse porque fue derogada mediante ley 58 de 1993″. Este último párrafo es un texto original en Tratado Sobre Contrainterrogatorio por Alejandro Decastro.
COMPLEMENTO
EL TIEMPO – Bogotá, Agosto 21 de 1962
JARDÍN DE CÁNDIDO
Juan Lozano y Lozano
«En la tercera o cuarta década del siglo pasado asistía el padre de Enrico Ferri, como espectador y curioso, a una ejecución capital en la plaza de Agrigento. La plaza estaba de bote en bote; y allí, dentro de la aglomeración, se produjo de pronto un incidente, que provocó un remolino: un individuo había matado a otro de una puñalada.
Esta historia la contaba el profesor Ferri, ya provecto, a sus alumnos de la Universidad de Roma, llamada la Sapienza; de sus labios se la oímos, sentados lado a lado, Jorge Eliécer Gaitán y yo. Probablemente aparezca referida en alguno de los tratados del maestro. Agregaba Ferri que, desde cuando en su mocedad, había escuchado esa experiencia de su padre, se había propuesto consagrarse al derecho penal, para ver de acabar con tantas estupideces como habían venido formando base de prejuicio, rutina y frase hecha, al tratamiento de la criminalidad. Ferri hizo lo que pudo y su nombre es alto índice de la ciencia social moderna.
Pero la insensatez sigue abriéndose caminos por todas partes; y ahora, en Bogotá, hay gentes que dicen que se debe implantar la pena de muerte, para acabar con los asesinatos.
En solo medio año de este año, bajo gobierno cristiano, democrático y civilizado la prensa ha informado acerca de más de cien criminales fusilados por la fuerza pública, la mayor parte bajo la advocación de la ley de fuga. No hablemos de lo sucedido atrás, en el espacio de doce años, desde cuando a los perseguidos y enmontados se les llamaba bandoleros, De todos modos, guerrilleros y bandidos tienen bien sabido que aqui -fuera de combate y encuentro y refriega- ha existido la pena de muerte en su forma más drástica y aberrante, o sea sin fórmula de juicio. Prisioneros arrojados por el Estado desde los aviones en vuelo; prisioneros arrojados por el Estado desde los puentes a los ríos; prisioneros arrojados por el Estado desde los caminos a los precipicios; prisioneros decapitados por el Estado al borde de una zanja, por ellos cavada; prisioneros fusilados por el Estado con exquisitez y protocolo tradicionales, contra algún paredón debajo de algún papayo. Documentación fidedigna sobre estas maneras de administrar justicia se encuentra en el reciente libro de Monseñor Guzmán, el sociólogo Fals Borda y el jurista Umaña Luna.
Sin embargo, en los últimos días de la dictadura, las guerrillas se habían multiplicado y el gobierno las perseguía en cuarenta sectores diferentes. No servía la pena de muerte para detener la insurrección política. Sin embargo, ha seguido después un lustro largo de violencia criminal, de genocidio inmotivado y anárquico, practicado por cuadrillas salvajes, que matan a veinte campesinos por robar un marrano, y muchas veces olvidan llevarse el marrano. No sirve la pena de muerte para asustar los ferales bandidos. En la última quincena del gobierno de Lleras, hubo un promedio de diez asesinatos diarios, repartidos en diversos departamentos; el gobierno de Valencia se ha estrenado con una hecatombe en Saboyá. Estos sujetos que matan por hacer ejercicio, están connaturalizados con la muerte; todos los días de su vida, de la mañana a la noche, han expuesto su pellejo ya frente a adversarios, ya frente a rivales, ya frente a traidores al propio grupo, ya frente a la fuerza del Estado.
Desde luego que a mí me produce terror la pena de muerte y que me ocasiona frecuentes pesadillas. Desde luego que yo no cometería ningún acto ilícito que me ocasionara verosímilmente la pena de muerte. Pero el caso de Efraín González, el de Sangrenegra, el de Chispas, no es el caso mío; a ellos no les da miedo de nada, y por eso no son eruditos y filósofos de pantuflas, sino bandidos dispuestos a jugarse la vida en cualquier momento, en cualquier sitio, por cualquier motivo. Que el Padre García Herreros juzgue de lo que siente Chispas por lo que el mismo siente, es una ingenuidad. Ingenuidad tremendamente peligrosa, que podría conducir a crear en Colombia ambiente para esa monstruosidad que es la creación oficial y confesa del Estado asesino.
Pero el Padre García Herreros tiene una excusa. Me imagino que él será conservador, como casi todos los sacerdotes. Lo que no tiene excusa es que los liberales le hagamos eco. La pena de muerte es esencialmente anti liberal. Los liberales de Colombia no debemos olvidar en ningún momento que somos liberales y por consiguiente creyentes en la inviolabilidad de la vida humana. Para no insistir aquí en recordar primeras páginas de manuales de ciencia penal, que nos enseñan que la pena de muerte, a más de bárbara y anticristiana, es inconducente y estúpida, yo quiero recordar a los liberales de Colombia que una de las razones fundamentales de ser de nuestro partido, es la oposición filosófica, humana y política a la pena de muerte. El deber de la autoridad es prevenir el crimen en lo posible, capturar a los infractores y delincuentes, juzgarlos de acuerdo con la legislación nacional, buscar de regenerarlos en las cárceles, e impedir que de ellas se fuguen. Lo que contiene el delito y asegura el equilibio moral de la sociedad, no es la drasticidad, sino la certeza ineluctable de la pena».
